Gobierno pide a médicos levantar ‘amenaza’ para retomar diálogo, en Santa Cruz van al paro
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Los médicos en Santa Cruz van al paro de 48 este martes en demanda de una cuarentena rígida, mientras que el resto de sus colegas mantiene la amenaza de paro de promulgarse la ley de Emergencia Sanitaria. Para el Gobierno, es necesario retirar la amenaza de paro y encarar con seriedad futuras negociaciones para volverlos a convocar a dialogar.
La extrema medida del sector salud cruceño no tiene relación con la exigencia del Colegio Médico de Bolivia que, pese a haber firmado un acuerdo para la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, exigen no promulgar la norma hasta tanto se retome una nueva negociación.
El vocero presidencial Jorge Richter respondió que el Gobierno está dispuesto a ir al diálogo, pero aseguró que no negociará bajo presión sobre todo cuando ya hubo un inicial acuerdo con quienes ahora amenazan con ir al paro indefinido.
Consultado sobre qué se requiere para volver al diálogo respondió: “En este momento una toma de iniciativa donde se retire lo que es una amenaza de paro y dejar en vilo la salud de los bolivianos, por supuesto que se puede negociar pero no bajo estas presiones”.
Mientras que los galenos esperan ser convocados. El representante de Ramas Médicas (Sirmes), Fernando Romero, pide hacer un “esfuerzo más” y advirtió que si el presidente Luis Arce promulga la ley “se vendrá una gran crisis de salud”.
La representación del Colegio Médico de Bolivia firmó un acuerdo que involucró modificaciones a la ley original en temas como la contratación de personal y la prohibición de protestas en momento de emergencia como la que provocó la presencia del COVID-19. El Legislativo la sancionó y está a la espera de su promulgación.
Pese a ese acuerdo, los galenos retrocedieron y rechazaron el pacto. Richter demandó seriedad de los actores de una negociación.
Mientras que en lo nacional el conflicto se mantiene latente, en Santa Cruz el sector salud va al paro de 48 horas en demanda de una cuarentena rígida que descartaron autoridades municipales por el impacto en la economía.
