La Defensoría solicita a la Contraloría supervise la compra de test con posible sobreprecio

La Defensoría del Pueblo solicitó este sábado a la Contraloría General del Estado (CGE) que supervise el proceso de adquisición de 672.000 test PCR para la detección del coronavirus COVID-19, debido a la existencia de una denuncia sobre una posible compra con sobreprecio.

“La Defensoría del Pueblo solicita a su autoridad que inicie las acciones de supervisión al proceso de adquisición de 672.000 test PCR para el coronavirus, a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), sea en el marco del Procedimiento para el Tratamiento de Denuncias o Solicitud de Auditorias”, señaló la defensora Nadia Cruz en una misiva remitida al contralor General del Estado, Henry Lucas Ara Pérez.

La empresa ATGen denunció públicamente que ofreció al Gobierno la venta de los test PCR por un monto de Bs 22,8 millones y que la AISEM adjudicó la compra a la compañía china Lasa Holdings por un monto de Bs 47,3 millones, lo que representaría un daño económico al Estado de aproximadamente Bs 25 millones.

En su descargo, la AISEM señaló que el producto ofrecido por ATGen no ofrecía las garantías de calidad necesarias y que el contrato de adquisición en favor de la compañía Lasa Holdings aún no está firmado.

La Defensoría del Pueblo demanda a la Contraloría General del Estado que realice el proceso de supervisión a esta compra con la finalidad de evitar un daño económico al patrimonio del Estado y sobre todo para impedir daños irreversibles a la salud de la población boliviana.

En una entrevista exclusiva con La Razón Digital, el director de ATGen, Fabricio Sarlos, objetó las observaciones del Gobierno boliviano y anunció que está en camino una protesta formal.

“Vamos a hacer una protesta formal en los lugares donde nos parece que hay un interés sobre lo ocurrido. Creo que ante el Ministerio de Salud, el organismo que va financiar esto, que es el Banco Mundial. Vamos a hablar a calzón quitado: me parece injustificado el hecho de anular a una oferta por un tecnicismo que ni siquiera figura claramente en ninguna parte del pliego”, afirmó.

Fuente: la Razón