Tras promulgación de la ley, el Gobierno descarta pagar el Bono contra el Hambre de Bs 1.000

Nuevo frente de pugna entre poderes. A pesar de que está vigente la ley que crea el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, descartó el pago de ese beneficio porque los recursos provenientes de dos créditos externos, con los que se exige efectivizarlo, ya están comprometidos.

«No se va a poder cancelar este bono, no se puede hacer la cancelación de este bono porque tendría que tener sus fondos bien determinados y obviamente la Asamblea tiene que determinar qué fondos, pero tiene que ser otros fondos, no estos que están planteados para otra estructura de crédito que está definida para los gastos de Gobierno y los gastos que han sido planteados para los otros bonos que se han pagado anteriormente», explicó en la red Unitel

Ante la renuencia del Gobierno de Jeanine Áñez de promulgar esa ley, este miércoles la presidenta del Senado, Eva Copa, la puso en vigencia en una sesión del Legislativo. Antes se había explicado que el beneficio será financiado con los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman $us 800 millones.

Quiroga aseguró que esos recursos ya están comprometidos para financiar los gastos del Gobierno y parte del presupuesto usado en la cancelación de bonos para mitigar efectos de la cuarentena por la pandemia.

Los bonos Canasta Familiar, Universal y Familia fueron pagados en los últimos meses. Áñez ofreció un cuarto de Bs 500, Bono Salud, para lo que exigió la aprobación de los créditos externos.

De acuerdo a le ley, el Bono contra el Hambre será otorgado por única vez a los bolivianos que no reciban ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley, y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal.

Quiroga anunció que se recurrirá a acciones legales para frenar la vigencia de la norma que fue propuesta por el candidato del MAS, Luis Arce, y tomada como iniciativa por el Senado.

Fuente: la Razón