Cabildo campesino rechaza levantar bloqueos y pide la renuncia de Áñez

Cabildo campesino rechaza levantar bloqueos y pide la renuncia de Áñez
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El cabildo de las 20 provincias de La Paz que se llevó a cabo este viernes en El Alto determinó no acatar el levantamiento de bloqueos dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) y continuar con las movilizaciones hasta la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, además de pedir un juicio de responsabilidades contra los integrantes de su gobierno.

Centenares de campesinos fueron parte de la movilización después del mediodía, luego de que los dirigentes de la COB y del Pacto de Unidad habían anunciado que levantaban los cierres de carreteras para declararse en vigilia hasta el 18 de octubre, cuando deben realizarse las elecciones después de la promulgación de una ley que fue parte de un acuerdo político.

En el acto, cuando se dio lectura a la resolución, se indicó que la primera demanda es exigir la dimisión de Áñez, por haber dejado a la población sin salud, haber determinado la clausura del año escolar, no haber tomado las medidas para evitar una crisis económica y haberse opuesto a los comicios generales.

También se demandó a la Asamblea Legislativa hacer cumplir la reciente ley de “arraigo”, que determina que una vez concluido su mandato, las autoridades nacionales, departamentales y municipales no pueden abandonar el país por tres meses, hasta que rindan informes a quienes ocupen sus puestos, para evitar impunidad en actos de corrupción.

Asimismo, se declaró “traidores” a la COB y el Pacto de Unidad, por su aceptación de la fecha de las elecciones y haber decidido el fin de las protestas en el país. Eso no es todo, se pidió un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Áñez, por los fallecidos y heridos en su mandato transitorio.

“Como pueblos indígenas, originario campesino y de todas las organizaciones sociales a nivel nacional, declaramos la defensa de los recursos naturales de Bolivia”, indica la resolución, que también exige al Legislativo una ley de garantías para todos los dirigentes, en un plazo de 72 horas.