El Gobierno defiende DS 4231 y dice que apunta a ‘pequeños grupos’ que tratan de distorsionar la información
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El Gobierno defendió la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231 que amplía sanciones por la difusión de información que ponga en riesgo o afecten a la salud pública sobre el COVID-19 y aseguró que solo se aplica a “pequeños grupos” que pretendan desinformar a la población.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que la norma “en ningún momento” tiene como finalidad de ir en contra de la libre expresión -sobre todo en el caso de los periodistas- aunque dijo que el país se encuentra atravesando un “momento especial y difícil” por la pandemia y la información que se genera.
“Hay pequeños grupos y sectores que tratan de distorsionar la información, que tratan de crear incertidumbre, temor en la población, que tratan de que la población se pueda contagiar con este virus que hace tanto daño a la humanidad”, sostuvo.
En ese marco, insistió que el trabajo de la prensa está regulad bajo la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado.
Diferentes gremios de la prensa y artistas cuestionaron la polémica disposición adicional del Decreto Supremo 4231 y consideraron que la norma pone en riesgo la libertad de información y expresión.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su “profunda preocupación” por la ampliación de las restricciones a la libertad de expresión en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en el país.
En la disposición adicional única del Decreto 4231, referido a ampliar la gratuidad para los tratamientos contra el cáncer, se establece: “Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Según Núñez, el 98% de la población “no tiene por qué tenerle miedo” al decreto ya que solo buscaría cuidar la vida de las personas.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se sumaron a las críticas a la norma.
