En la Llajta avasallan a plan de machete y levantan viviendas en tiempo récord

Desde el kilómetro 9 de la carretera antigua Cochabamba - Santa Cruz, antes de llegar a La Angostura, se divisa un centenar de pequeñas casas de una habitación construidas con ladrillo. Están a orillas del río, sobre cultivos o en la cima de los cerros. Las familias que allí habitan no tienen aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ni de Derechos Reales (DDRR) que respalden que son dueños de esas tierras.

Algunos señalan a los habitantes de ese asentamiento como avasalladores; otros están convencidos de que fueron estafados, mientras que ellos aseguran que sólo hicieron posesión de la tierra que les pertenece. El sueño de poseer una vivienda propia no tardó en convertirse en una pesadilla no sólo para ellos, sino también para los dueños que buscan recuperar su propiedad.

El conflicto por la tenencia de tierra, según el INRA, se extiende en 10 sectores de Cochabamba: la hacienda Canelas y Tajra en el municipio de Arbieto; el parque ecoturístico Incachaca en Colomi; Albarrancho, Pampa San Miguel, Arrumani y Caico en Cercado; además de Kewiñal, Florida Norte de Sacaba y Villa Copacabana en Tolata.

Pero las denuncias de avasallamientos son más en el valle. En agosto, tras la presión de diferentes sectores y de víctimas de tráfico de tierras se conformó una comisión interinstitucional para investigar 31 denuncias formales de loteamientos en diferentes sectores del departamento.

Esta comisión está conformada por el Defensor del Consumidor, Fedjuve, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, la Policía y el INRA.

De carpas a cuartos de ladrillo

“Nos hemos asentado en carpas para tener nuestro lotecito. Hemos venido desde Totora. Tenemos familia, somos trabajadores, no somos loteadores. Vivimos con nuestras wawas y hay mujeres embarazadas” dice Luis, rodeado de una decena de vecinos durante una protesta en la tranca del kilómetro 10 del Valle Alto.

Sus compañeros se apresuran en mostrar un folder con documentos que supuestamente avalan la posesión de esas tierras. “El apoderado-vendedor de su libre y espontánea voluntad compromete, la compra venta a favor de los compradores 200 lotes de terreno”, se lee en la parte tercera del documento de compra y venta firmado, ante un notario público, por el apoderado de esa propiedad, Marcelo Canelas Méndez, y tres representantes del grupo Totora, el 7 de mayo de 2019.

En ese documento, el propietario reconoce que recibió 217.800 dólares por los lotes y otros 5.000 dólares como “aporte voluntario” para que consolide el derecho propietario de los compradores. Sin embargo, no detalla la superficie que corresponde a cada comprador ni desde cuándo puede hacer posesión.

Eduardo Arze, abogado de Marcelo Canelas, asegura que los asentados que provienen de Totora no pagaron la totalidad del precio de esa propiedad y que antes de asentarse ilegalmente en esos predios debieron iniciar un proceso en la vía civil.

“Cuando uno paga todo puede reclamar, pero no se reclama entrándose al terreno sino por la vía civil. Los documentos que tienen los vamos a refutar en su momento en los juzgados respectivos”, recalca Arze.

Los compradores aseguran que realizan depósitos desde hace 13 años y, cansados de no recibir una respuesta del vendedor, decidieron asentarse en carpas en los terrenos en los que comparten una olla común.

“Yo pagué mil dólares hace 13 años. Nos vinimos con mi esposo y mis cuatro hijos que son pequeños para tener nuestro lote”, relata Cristina. Sostiene un balde lleno de agua turbia que recogió del río para hacerla hervir y usarla para cocinar.

En menos de tres meses, de vivir en precarias carpas pasaron a habitar en pequeñas construcciones de ladrillo de una sola habitación y techo de calamina. Ya están asentados ilegalmente y reaccionan con desconfianza y violencia ante desconocidos por temor a ser desalojados.

Hacienda lechera

No es el único asentamiento en propiedad de la familia Canelas. A menos de 500 metros de La Angostura, sobre una superficie de 56 hectáreas cultivables, se levantan decenas de precarias casas de ladrillo de un cuarto cuyos habitantes no tienen papeles de propiedad.

La familia Canelas posee documentos que demuestran que es dueña de 1.400 hectáreas en el municipio de Arbieto. Denuncia que desde hace cinco años es asediada por grupos de loteadores que construyen precarias viviendas con el fin de consolidar su posesión ilegal.

Según los propietarios, estos asentamientos ilegales además ponen en riesgo la producción de leche debido a que toman tierras de cultivos y canales de riego, principales recursos para la subsistencia del ganado vacuno.

Luz Marina Canelas, hija del propietario de la hacienda Angostura, Enrique Canelas Tardío, emprendió una batalla legal para recuperar la propiedad que pertenece a su familia hace más de 100 años. “Toda la zona, al este y oeste, está siendo avasallada por grupos de loteadores que han visto un negocio redondo en el tráfico de tierras. Los terrenos son de mi familia, tenemos papeles legales”, recalca.

El personal del INRA intentó, en más de una oportunidad, ingresar a esos predios avasallados, pero “grupos organizados” amedrentaron a los funcionarios impidiéndoles instalar carteles de avisos públicos de medidas precautorias.

El director regional del INRA, Armando Mita Zárate, precisó que las resoluciones de saneamiento, emitidas en 2015, fueron impugnadas y que el caso se encuentra en el Tribunal Agroambiental. Sin embargo, cuestionó que algunos miembros de la familia Canelas hayan vendido los terrenos en disputa.

“Hemos visto los documentos (de compra y venta). Yo les dije ¿Si ustedes han vendido, cuál es el problema? Ellos dicen que no”, sostuvo Mita.

A golpes en Albarrancho

Desde hace una década, los terrenos en Albarrancho, en el extremo sur de la ciudad de Cochabamba, son objetivo de loteadores. Son 315 hectáreas, declaradas como tierras fiscales por el INRA, cuya propiedad es reclamada por el grupo Olmedo y por comunarios de la zona que intentan evitar los constantes avasallamientos de esas tierras.

En diferentes oportunidades se registraron enfrentamientos entre los habitantes del lugar y los loteadores que, de la noche a la mañana, construyen casas, muchas de las cuales ya cuentan con instalaciones eléctricas.

“Construcciones ilegales serán demolidas”, se lee en avisos en las principales vías de acceso a Albarrancho.

“Hemos presentado denuncias, pero no proceden. Ni Policía ni el INRA han logrado frenar a los avasalladores y por eso nosotros tenemos que actuar. No vamos a permitir que avancen”, advirtió Germán H., dirigente vecinal de Albarrancho.

En 2019, vecinos y loteadores se enfrentaron con machetes, dinamita, palos y piedras. Una persona perdió un ojo y la mano derecha tras la detonación de un explosivo. Entonces, seis personas fueron enviadas a la cárcel acusadas de avasallamiento.

Con machetes y escopetas

“Tenemos conflictos en Incachaca, en el municipio de Colomi que es una zona turística”, informó el director del INRA sobre 120 hectáreas destinadas a la producción agrícola, piscícola y ganadera que son avasalladas.

Con machetes y escopetas

“Tenemos conflictos en Incachaca, en el municipio de Colomi que es una zona turística”, informó el director del INRA sobre 120 hectáreas destinadas a la producción agrícola, piscícola y ganadera que son avasalladas.

La propietaria legal de esos predios, avalada por el INRA y control social, es la familia Orihuela Tórrez, y allí funciona el Centro Turístico Las Orquídeas.

“Temo por mi vida y la de mi familia, temo que nos maten en cualquier momento”, dice acongojado Raúl Orihuela, luego de la última agresión que sufrió su familia el pasado 12 de agosto.

En esa oportunidad, medio centenar de personas ingresaron a la propiedad armadas con dinamitas, machetes y escopetas. Los dueños tuvieron que esconderse en el monte para salvar sus vidas.

Orihuela acusa a Pedro Quezada Laime de estar detrás de la toma ilegal de sus tierras. Muestra un fallo de 2021 del Juzgado Mixto de Sentencia del Trabajo y Seguridad Social N° 1 de Sacaba que determinó cuatro años de reclusión para Quezada por “robo y lesiones leves y graves” a raíz de un ataque anterior.

El exasambleísta Freddy Gonzales, que denunció el avasallamiento en Incachaca en diferentes oportunidades, dice que al menos 2.500 hectáreas están en riesgo de avasallamientos.

“Está en peligro la biodiversidad y el turismo en esa zona”, alerta Gonzales.

Desde el INRA informan que la mayoría de las tierras en conflicto están en etapa de saneamiento y mientras ese proceso no concluya sólo pueden emitir medidas precautorias de no fraccionamiento y no construcción, ante los avasallamientos. Pero muchas veces los funcionarios son hostigados y amedrentados por los loteadores.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Cochabamba denuncia que hay miembros del INRA implicados en los loteamientos que no paran.