Fiscalía ordena aprehensión de siete funcionarios de YPFB por caso seguros

Fiscalía ordena aprehensión de siete funcionarios de YPFB por caso seguros
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El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Gilmar J. P. LL., José A. G. D., Marisol K. J. S., Cristián V. F., Daniel H. P. E., July M. O. C. y Dimelsa V. G. L., todos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) involucrados en presuntos actos de corrupción dentro del denominado caso contratación directa del servicio de seguros.

"Estas siete personas trabajan en el área jurídico legal de la estatal petrolera y el día de hoy se presentaron a prestar sus declaraciones informativas dentro del caso YPFB; sin embargo, se encontraron suficientes indicios que hacen presumir su participación en el hecho, por ello hemos emitido la correspondiente orden de aprehensión que fue ejecutada por efectivos policiales", informó el fiscal Alexis Vilela. 

Dijo que se presume que estos funcionarios, mediante un grupo de WhatsApp y reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa N° 78/2020, para posteriormente sería emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz.

Dicha resolución autoriza, de manera irregular, realizar contrataciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.

Vilela adelantó que en las próximas horas se presentará la imputación formal en contra de los siete sospechosos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de "seguros generales" para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de 49 millones de bolivianos.