Informe de 2019: Armada identificó a grupos del MAS como “vándalos”
Señalaron a esos grupos con la capacidad de cometer varios actos ilícitos. Un militar procesado por los hechos de 2019 ve que la justicia sólo procesa a militares de bajo rango y no a quienes dieron las órdenes.
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Un documento al que tuvo acceso Página Siete, denominado plan de operaciones “Restablecer el orden DIV. III – OP. Nº 43/19” y emitido por la Armada Boliviana el 14 de noviembre de 2019, identificó a los grupos de manifestantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la zona Senkata de El Alto como “extremistas vandálicos”, que tenían la capacidad de atacar unidades militares, robar armas, municiones y hasta secuestrar autoridades.
El documento está firmado por el entonces capitán de navío Juan Arnez Salvador, comandante del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”. El oficial ahora tiene el grado de contraalmirante y es jefe de Estado Mayor de la Armada. Este medio llamó al jefe militar para consultarle sobre el tema y respondió de forma escueta: “La investigación está en manos de la Fiscalía, yo no puedo darle ninguna información”.
El documento
El primer inciso de la orden de operaciones que tiene el título de “Fuerzas oponentes” es para describir a los grupos del MAS como las “organizaciones sociales en conflicto y sectores extremistas vandálicos”.
A continuación el documento detalla que “el oponente tiene las siguientes capacidades: Acciones vandálicas en contra de instalaciones de las FFAA y de instituciones públicas y privadas. Acciones de sabotaje, ejecución de hechos de violencia, movilizaciones masivas, ocupación y control de servicios públicos estratégicos (luz, agua, teléfono, gasolineras, etc.). Bloqueo de caminos y obstaculización de flujo vehicular sobre las carreteras de nuestra jurisdicción. Robo de armamento y munición. Secuestro de autoridades y/o personal militar de cuadros”.
Dicha orden de operaciones fue ejecutada el 19 de noviembre de 2019 y las acciones conjuntas entre policías y militares contra esos grupos violentos terminaron con el saldo de 10 muertos y 31 heridos en Senkata. Por esos hechos, desde 2021, la Fiscalía imputó a varios opositores del gobierno del MAS y a exjefes militares por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.
“El gobierno de Luis Arce ha procesado y encarcelado de forma ilegal a varios policías y militares, a los que señala de pititas y autores de un imaginario golpe de Estado. Pero de forma extraña no procesa y no encarcela a quienes emitieron las órdenes para la movilización de los efectivos contra estos grupos de delincuentes que estaban en Senkata”, denunció a Página Siete un exjefe militar procesado en este caso, que prefirió no ser identificado por temor a más represalias.
“De forma extraña y servil al poder del MAS, la Fiscalía solo llama a declarar a militares de bajo rango y los encarcela, pese a que algunos hemos demostrado que ni siquiera portábamos armamento letal. La corrupción con la que se ha manejado este caso saldrá a luz porque no todos los militares están sometidos”, afirmó la misma fuente.
Días de convulsión
El 14 de noviembre de 2019, después que Jeanine Añez asumiera la presidencia, las organizaciones sociales del MAS convulsionaron el país pidiendo el retorno de Evo Morales. Las protestas más radicales se vieron en Senkata, de El Alto, donde cercaron la planta de YPFB impidiendo la distribución de combustible.
Ante este panorama de convulsión y bloqueos que se repitieron en Sacaba, Cochabamba, y Yapacaní, Santa Cruz, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), entonces a cargo del general Sergio Orellana (prófugo), puso en acción el “Plan Sebastián Pagador”, con la aprobación del Ejecutivo, que aprobó el Decreto Supremo 4078, por medio del cual el personal militar que participaría en los operativos quedaba exento de responsabilidad penal.
En esa línea, la Armada Boliviana activó el plan de operaciones “Estabilizar” y de él derivó el plan “Restablecer el orden DIV. III – OP. Nº 43/19”, que fue ejecutado bajo las órdenes de Arnez. El documento de 11 páginas, al que tuvo acceso Página Siete, revela que se movilizaron más de 100 efectivos, entre oficiales superiores y subalternos, además de vehículos blindados que operaron el 19 de noviembre en Senkata.
Debido a que la Fiscalía mantiene bajo reserva este caso, se niega a dar cualquier información, por lo que no se puede verificar si la Armada entregó copias del plan de operaciones “Restablecer el orden”. Lo que sí se pudo verificar es que en marzo se emitió una citación para el contraalmirante Arnez, a la que debió acudir como testigo, pero el oficial no aclaró si acudió.
En septiembre de 2020, el fiscal general Juan Lanchipa informó que las FFAA se negaron a entregar los planes operativos ejecutados en Senkata, bajo el argumento de que éstos eran “secreto militar”. El 17 de mayo de 2021 el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que los planes operativos de noviembre de 2019 desaparecieron y se investigaba a los responsables.
