Instituciones financieras rechazan nuevo diferimiento de pagos
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Las asociaciones y cooperativas financieras del país se pronunciaron en desacuerdo a la Ley 720/2019, sancionada este miércoles por el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que modifica la Ley de Diferimiento del Pago de Créditos, ampliándola hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito manifestaron que la normativa fue sancionada "con criterios políticos y electorales de corto plazo", sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional ni sus potenciales efectos.
“Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, que tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”, señala el comunicado de las asociaciones.
El miércoles, la Cámara de Senadores sancionó la ley que ordena el diferimiento de pago de créditos bancarios hasta del 31 de diciembre de 2020. La norma fue resistida por el Gobierno, que señala que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema financiero.
La norma pasó al Ejecutivo para su promulgación y ante la eventualidad de que la presidenta Jeanine Añez no lo haga, volverá al Senado para su promulgación.
El comunicado destaca que durante los meses de cuarentena, las entidades de intermediación financiera atendieron favorablemente las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones, para priorizar preservar la salud económica y financiera de sus clientes.
“La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población. Convocamos a las autoridades nacionales a evaluar responsablemente el impacto de esta ley y a actuar deponiendo otros intereses que no respondan a precautelar el bien mayor que constituye la estabilidad económica y financiera del país” manifestaron.
