Víctimas de justicia crean asociación en Yapacaní y denuncian consorcio de jueces
Denunciantes y denunciados se sienten afectados con la retardación, la corrupción, el consorcio jueces-fiscales-abogados y la “eternización” de los magistrados en sus cargos. Presentaron decenas de quejas al TSJ.
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Sean denunciantes o denunciados, los usuarios del sistema judicial en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz, han conformado una Asociación de Víctimas de la Justicia por sentirse afectados con la retardación, la corrupción, el consorcio jueces-fiscales-abogados y la “eternización” de los magistrados en sus cargos.
El 15 de junio, una comisión de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Tribunal Supremo de Justicia visitó Yapacaní para escuchar a los litigantes sobre problemas con sus procesos y recibir denuncias de irregularidades, si las hubiera.
Yapacaní, San Carlos y Buena Vista son municipios de la provincia cruceña Ichilo que tienen una población proyectada de 107 mil habitantes.
No existen datos de criminalidad por municipio que sean públicos, pero Yapacaní es una constante fuente de información de hechos delictivos que van desde la expulsión de la Policía por parte de grupos armados, como sucedió en agosto de 2020, hasta la comercialización de vehículos chutos o robados y la venta libre de gasolina.
Un reporte del Instituto Cruceño de Estadística (ICE) refleja que la violencia contra las mujeres en Yapacaní ubica a este municipio en tercer lugar, de un total de 54 en Santa Cruz, con más casos registrados entre 2015 y 2020, con 2.942 hechos. La tasa de violencia física contra las mujeres es la más alta del departamento, con cinco denuncias por cada 1.000 habitantes
¿Por qué crear una asociación? ¿Por qué no utilizar las instancias disciplinarias del Órgano Judicial? “La necesidad de organizarnos es porque ninguna de esas instancias funciona, son pantalla nomás. Nunca habían llegado aquí los del Tribunal Supremo de Justicia, recién cuando hemos presionado, cuando murió el niño que fue contagiado de Sida (sic), cuando se movilizó la gente, tomó la alcaldía, recién se movieron”, dice Gregorio Mamani, miembro de la asociación.
En junio, la muerte del niño Vicente, víctima de violación agravada, después de padecer casi un año en distintos hospitales, derivó en un cuestionamiento contra el sistema judicial. Un cabildo en Yapacaní propuso modificar penas para crímenes y denunció corrupción judicial.
Los costos altos de la justicia también les movieron a agruparse porque vieron en eso un impedimento del derecho a la defensa. “Los funcionarios decían: se hacen como 300 pesos (las fotocopias). Yo pedía salir a fotocopiar afuera y que me acompañe alguien de la Fiscalía, pero me decían que espere al fiscal, eran horas de espera o volver al día siguiente. Ver a la gente llorando por eso en los banquillos, ese fue el motivo de hacer la asociación, juntarnos. En dos ocasiones fuimos al Control Social, pensamos ‘ellos van a fiscalizar’, pero nunca hubo una respuesta”, explica Maira Mareño, una de las siete integrantes de la directiva.
Los jueces eternizados
Aunque el arribo de miembros de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia fue sorpresivo -solo dio tiempo para colocar un anuncio en una pared-, un centenar de personas logró llegar al lugar el 15 de junio y llenar fichas con las irregularidades en sus procesos.
La sede social de los comerciantes fue habilitada para recibir a los litigantes. Las paredes fueron cubiertas de pancartas improvisadas que denunciaban corrupción y pedían la destitución de jueces y fiscales con nombres y apellidos.
“Aquí la justicia se vende al mejor postor, los jueces, fiscales, abogados y policías hacen su consorcio”, dice Villafuerte. Gregorio Mamani da un ejemplo que confirman otras personas: “El juez, el fiscal, el policía agarran a la víctima, la meten a la carceleta y luego le dicen: andá coseguí 10 mil dólares. La persona tiene que conseguir ese dinero sino no sale”.
Los miembros de la asociación imprimieron banners con los rostros de funcionarios judiciales y de la Fiscalía denunciándolos por irregularidades. También participan en protestas locales y en plantones con ese material en la ciudad de Yapacaní.
“Yo creo que la solución a estos problemas es que cambien a los jueces que ya están más de 23 años aquí, y por eso se han hecho dueños de este lugar”, explica Mamani. Los miembros de la asociación mencionan, además, un padrinazgo político que mantienen a los magistrados y que similares lazos prevalecen con por lo menos 11 abogados conocidos en la provincia.
“Hay jueces que tienen imputaciones (en su contra), medidas cautelares, pero siguen porque de allá (nivel político) los apoyan y los mandan nuevamente aquí”, comenta antes de mostrar precisamente un documento de imputación por incumplimiento de deberes contra una jueza.
La Unidad de Transparencia
La presidenta de la Asociación de Víctimas, Angélica Villafuerte, explicó que luego de esa visita en junio, la comisión de Sucre está en evaluación de cada caso recogido. “Nos están enviando (respuestas), pero van a tardar mucho porque había como 80 expedientes, que han llevado, de denuncias. Ahora hay muchas quejas por la tardanza, es que las personas aquí estamos desesperadas por la injusticia”, dice.
Una fuente del Tribunal Supremo de Justicia dijo a Página Siete que “la comisión estuvo en provincias de Cochabamba y Santa Cruz”, pero se negó a entregar más información sobre estas gestiones. “No sé si podemos soltar datos”, comentó otra fuente de la misma oficina. En la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a cargo de Roger Mariaca, informaron que este funcionario “ayer estuvo en reuniones y hoy está cumpliendo agenda por afuera”.
“La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia recomendó a esta unidad el seguimiento de aquellos casos de connotación social jurídica que tengan relación con la imagen del Órgano Judicial”, dice en los considerandos de los autos de admisión de esas quejas.
Una de las quejas admitidas fue la de Angélica Villafuerte, que tiene un caso por haberse prestado 16.000 dólares en el año 2017, aunque el prestamista le entregó 10.000, pues cobró los intereses por adelantado. Al cabo de un tiempo, ella debía 32.000 dólares y él decidió presentar una demanda ejecutiva en su contra en el Juzgado Civil.
Villafuerte explica que hubo toda clase de irregularidades en este proceso, pero no dejó pasar una: el avalúo de su casa en su ausencia, con fines de remate, por parte de una arquitecta en el 2018. Se enteró meses después al revisar el expediente. El inmueble fue rematado en 30.000 dólares y ella tiene una conminatoria para abandonarlo o será sacada por la fuerza pública.
“La denuncié a la arquitecta por hurto, avasallamiento y allanamiento a inicios de 2020”, dice Villafuerte. La Fiscalía solo admitió la denuncia por allanamiento y hasta ahora no se realizaron las medidas cautelares. La Unidad de Transparencia verá su caso por retardación en el proceso contra la arquitecta y por consorcio entre la jueza y el abogado de la imputada.
Maira Mareño describe el caso de su esposo imputado por avasallamiento de su propia casa en Yapacaní, la parte contraria es un exalcalde. “Nunca podía ver el expediente. La asistente del fiscal decía: ‘se lo llevó el doctor Funes en su mochila’. No podíamos tener acceso para que se defienda. Las audiencias se suspenden una, dos, tres veces, y tenemos que pagar al abogado por cada una. Después de casi tres meses recién se va a llevar la audiencia cautelar”, explica.
Gregorio Mamani, del sindicato agrario campesino Santa Rosa de Piquiri, explica que en 2017 una familia afiliada robó ganado de un propietario en la zona. El dirigente del sindicato devolvió el ganado al empresario y la familia inició proceso al dirigente por abigeato. “Ya van cinco años en que el fiscal no resuelve ese caso, tampoco lo quieren cerrar. Nos siguen haciendo gastar (dinero) a las 90 familias del sindicato”, dice Mamani.
