La Asamblea aprueba amnistía para ‘perseguidos’ por gobierno de Añez; la oposición protesta
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La Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó este viernes el Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto “por razones humanitarias” en favor de más de 1.000 personas procesadas en el gobierno de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
La oposición protestó en la sesión. “La aprobación de una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de DDHH cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que @LuchoXBolivia (Luis Arce) y la ALP dependiente de (Evo) Morales, no respetan la justicia ni la democracia” (sic), escribió en redes sociales el líder de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente y excandidato Carlos Mesa.
En el decreto se afirma que se busca restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado, “acontecida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
“Son más de 1.200 afectados en el gobierno de Áñez, según datos del Ministerio de Justicia. Hubo violencia y amenaza a los derechos humanos. Esta es una gran respuesta a la necesidad del pueblo que clama justicia”, dijo el senador Leonardo Loza, del MAS.
Entre los beneficiarios de la amnistía, el decreto señala a “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”, publicó Erbol.
“Justicia”, “Justicia”, “Dictadura No”, Democracia Sí”, gritó la oposición en la Asamblea en medio de la aprobación de la norma, que fue derivada al Órgano Ejecutivo para su vigencia.
Para el indulto, señala que se beneficiarán “´personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
También se otorga esos beneficios para detenidos de otros procesos, en el marco de evitar el hacinamiento carcelario, bajo condiciones entre las cuales está el haber cumplido cierto tiempo de condena, entre otros.
