La Fiscalía admite 3 de 4 acusaciones para juicio de responsabilidades contra Áñez
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La Fiscalía General del Estado admitió e informó al Tribunal Supremo de Justicia del inicio de investigaciones en tres de cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Fueron admitidos los casos de préstamo “inconstitucional” del FMI, violación de la libertad de expresión en la cuarentena por el COVID-19 y violación de los derechos humanos de bolivianos que fueron impedidos de ingresar a Bolivia desde Chile en 2020.
Áñez se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz por el caso “golpe de Estado” o los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Ahora también deberá enfrentar estos procesos por hechos cometidos cuando ejercía la Presidencia.
La denuncia que no fue admitida por la Fiscalía tiene que ver con la aprobación del Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020 que amplió la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa.
Según la ley juicio de responsabilidades, de “existir materia justiciable la Fiscalía General del Estado requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que previa consulta a su Sala Penal, será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pidiendo su autorización expresa”.
El caso sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) se refiere a un préstamo sin aval legislativo de más de $us 300 millones y que representó el pago de más $us 24 millones sin haber utilizado esos recurso. El crédito fue devuelto.
La segunda denuncia, según un informe del Ministerio de Justicia, es por la presunta vulneración de la libertad de expresión porque con el Decreto Supremo 4200 se usó a la pandemia del coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.
El Ministerio de Justicia dio a conocer que la cuarta solicitud de juicio de responsabilidades fue presentada porque varios ciudadanos bolivianos, durante semanas, fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en “condiciones inhumanas” en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
Estos procesos, una vez encausados, se tramitan en la Asamblea Legislativa. Diputados hace de Ministerio Público y el Senado de Tribunal. La sentencia requiere de dos tercios de los votos. El MAS controla la mayoría pero no tiene los dos tercios de voto.
