Sin estudios propios y con apuro, Bolivia se abre a 5 cultivos transgénicos

Sin estudios propios, Bolivia evaluará cinco cultivos transgénicos en procesos abreviados que tomarán experiencias de otros países. El Gobierno  dio 40 días calendario para que el comité de bioseguridad  apruebe los procesos. Afirma que ante la crisis de la pandemia el país debe analizar mecanismos para una mayor producción.

“En ningún momento se ha aprobado directamente el uso de ningún cultivo que sea genéticamente modificado; lo que se aprobó es un procedimiento abreviado, para que a través de éste, una Comisión Nacional de Bioseguridad sea la que defina con estudios en campo, si es que pueden o no ser aplicados estos cultivos en nuestro país o no”, aseveró la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

El Decreto Supremo 4232 autoriza de “manera excepcional” la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en  “procedimientos abreviados”. La norma establece  un plazo de hasta 40 días calendario para que  el Comité Nacional de Bioseguridad, apruebe los procedimientos abreviados. 

Para Rita Saavedra, del colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, es imposible hacer este tipo de evaluaciones ya que en América Latina el uso de transgénicos data de unos 20 años atrás. “Y sobre los efectos recién se habla hace unos cinco, no hay estudios suficientes sobre los verdaderos efectos”   

  Con apuro y sin estudios locales

“No se puede hacer un procedimiento abreviado, porque además de ser ilegal, el país  es un centro de diversidad genética con 37 razas de maíz y cientos de variedades desarrolladas por los pueblos indígenas. Hay una  contradicción con  la supuesta intención de una evaluación en campo que debería durar al menos tres años para conocer las posibles consecuencias”, manifestó la directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Pamela Cartagena.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez explica que el “proceso abreviado”, más que de tiempos, se  trata de activar la “transportabilidad de datos” ya previsto en el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.

 “Se hace la Evaluación del Riesgo,  para cumplir  con los requisitos estipulados para la aprobación, sobre la base de las experiencias exitosas en otros países, como Argentina, Brasil o Paraguay, quienes han avanzado en este campo desde hace 20 años”, afirmó.

Esto implica que la evaluación no se hará en base a pruebas locales que muestren la reacción del ecosistema en el que se implementará las semillas ni se observe las consecuencias reales. 

Un tema politizado

“Es una cuestión política de aprovechar el momento. Uno de los miembros del comité encargado de la evaluación, ya fue parte del comité que en 2005 aprobó el uso de la soya resistente al glifosato en Bolivia. Esa autorización se hizo cuando Carlos Mesa asumió la presidencia y luego la dejó para dar paso a un gobierno de transición. Este gobierno quiere hacer lo mismo”, sostuvo Saavedra.

Ya en el gobierno de Evo Morales, cuando Luis Arce era parte del gabinete, se negoció con diferentes sectores del agro el ingreso de semillas modificadas. Una de ellas fue la soya HB4 para la producción de combustibles.

Pese a ello tanto  Mesa  como Arce se pronunciaron en rechazo del decreto aprobado por el Gobierno Transitorio. Sin mencionar los ocurrido en sus gestiones.

“De ninguna forma se  viola los procedimientos establecidos que ya se cumplieron con Mesa en  2005.  Además, el gobierno del MAS aprovechó esta tecnología y gozó de la bonanza y el ingreso de 10.000 millones de dólares por la soya transgénica. Fue el mismo gobierno que entre el 2006 y 2019  importó 400.000 toneladas  de maíz transgénico, y no pueden dudar ahora de que no sea inocuo porque si fuera así quiere decir que por 14 años han permitido que los pollos y la población se coma ese producto”, indicó Rodríguez.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, mostró conformidad con el decreto. “Consideramos que es una decisión acertada que permitirá mejorar los niveles de productividad y  hacer frente al tema climático”.

En un entrevista en Montero, Mesa indicó que firmó una ley  y no un decreto, en base a estudios previos. “El Gobierno transitorio no tiene potestad para tomar decisiones con  efectos a mediano y largo plazo”, insistió.

La soya boliviana y el uso de  los agrotóxicos

En el país más del 90% de  la soya es transgénica y resistente al glifosato, fruto de la única semilla genéticamente modificada que está autorizada hasta el momento. Esta característica permite usar ese herbicida en las plantaciones. Durante todo el proceso del cultivo, el glifosato mata  hierbas y plagas sin afectar al grano.

Desde la aparición de la variedad en los años 70,  ecologistas y activistas han denunciado las consecuencias de este agroquímico. Pero no fue hasta el  2015 que  la OMS incorporó al glifosato en la lista de sustancias probablemente carcinógenas en  humanos. 

En los campos de soya transgénica  de  Bolivia, con el paso del tiempo y el uso constante del agroquímico, las malezas que antes eran eliminadas se han vuelto resistentes. Ahora  demandan mayores cantidades y combinaciones de pesticidas tóxicos. Además los cultivos han desarrollado enfermedades nuevas.

La prueba está en la oferta y demanda de pesticidas que deben ser combinados con el glifosato para causar un buen efecto, sobre todo en Santa Cruz, corazón del agro boliviano. A la venta hay al menos cuatro plaguicidas  prohibidos en varios países del  mundo por generar daños neurológicos, cáncer, hipotiroidismo e incluso la muerte.

Según los distribuidores de estos productos, el Paquat y el 2,4D son los más solicitados para este fin. Este último  es el más controversial pues es parte del controversial Agente Naranja utilizado en la guerra química con Vietnam.

Datos de Productividad Biósfera y Medio Ambiente, señalan que entre 1999 y   2017,  la importación legal de agroquímicos se incrementó en Bolivia de 25 millones de kilos anuales a  152 millones. Adicionalmente, al menos un 30%  de esa cantidad entra por contrabando y el 70% del total es consumido en Santa Cruz.

Mayor  rendimiento 

• Iniaf El director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, Marín Condori afirmó que entre 2005 y 2015, el uso de biotecnología en la producción de soya permitió al país un ahorro de 177 millones de dólares en la compra de herbicidas y evitó un desmonte de 230.000 hectáreas. 
• Investigación  La científica boliviana e investigadora, María Mercedes Roca señaló que por su experiencia en Honduras, donde la implementación se  hizo con muchos estudios, se evidenció que sí hay un mayor rendimiento que beneficia a los productores que pueden acceder a esa tecnología que es algo cara.

Punto de vista

“No a los transgénicos, defendamos  la vida”

Está claro que nada será igual después de la pandemia. Deberemos cambiar nuestros comportamientos privados y públicos; los domésticos y los estatales. Debemos cambiar especialmente nuestro “modelo” estatal de desarrollo. 

No podemos persistir en el extractivismo, en la explotación y exportación ciega de nuestras materias primas y de mucha tierra. Pero hay una reconciliación mayor  y es con la vida del planeta. Así como nos opusimos a la quema de la Chiquitania, hoy tenemos que oponernos a los transgénicos. 

Lamento que el gobierno de la señora Añez haya aprobado el Decreto Supremo No. 4232, continuando con la política equivocada del gobierno del MAS que ya inició la violación de la Constitución política del Estado, con decretos que abren la puerta a los productos agrícolas modificados genéticamente, con la finalidad de incrementar la producción, las ganancias empresariales y, dizque, la suficiencia alimentaria. Es falso que no tengamos alternativas para incrementar nuestras exportaciones, generar liquidez y reservas, y paliar la crisis económica. Claro que las hay!!!

Desde el corte radical del gasto estatal en proyectos faraónicos, burocracia y corrupción, hasta la promoción estatal de pequeños y medianos productores en todas las áreas. Desde renegociar la moratoria de la deuda externa, hasta incentivar crediticiamente a la producción agrícola-campesina, al tiempo que debemos ingresar a la producción masiva de fármacos y materiales de bioseguridad.

Desde el redimensionamiento de todas las empresas públicas, especialmente de los elefantes blancos del MAS, hasta el inmediato esfuerzo estatal por reponer acuerdos internacionales de exportación de nuestros textiles industriales y artesanales.  Y la lista puede continuar…

Pero lo que quiero es alertar sobre lo que parece estar ocurriendo: Aprovechando la pandemia, y de espaldas al  enorme esfuerzo ciudadano democrático del año pasado, sectores oligárquicos se están “avivando”, están tomando control de sectores estatales claves y están empezando a desplegar “sus” políticas que, como la introducción de transgénicos, nada tienen que ver con la transición y el restablecimiento democrático.

Fuente: Página SIETE