Envían a Pumari a la cárcel de Uncía, bastión del MAS

Con un fuerte resguardo policial y a 232 kilómetros de la ciudad de Potosí, el Juzgado Primero de Instrucción Penal  de Potosí dispuso anoche, en el Palacio de Justicia de Llallagua, la detención preventiva por seis meses en el penal de Uncía para el excívico Marco Antonio Pumari Arriaga, por delitos electorales en 2019. La población norpotosina es uno de los bastiones del MAS.

“El Juzgado de Instrucción en lo Penal 1 de Potosí resolvió que el Ministerio Público acreditó la probabilidad de autoría de los delitos que pesan en contra del exdirigente cívico Marco Pumari y determinó su detención preventiva por seis meses en el recinto penal de Uncía”, informó ayer de manera oficial el Ministerio de Justicia. La audiencia se realizó en Llallagua, donde el MAS ganó en las elecciones de 2020 con 15.230 votos. Allí llegaron ayer personas que con carteles pedían “justicia por los muertos de Senkata y Sacaba” y “cárcel” para el excívico. Pumari ahora estará en el penal de  Uncía, donde el MAS también se impuso en 2020 con 7.087 votos.

Casi 48 horas después de haber sido aprehendido en la Villa Imperial, según sus abogados de forma ilegal al no ser notificado, el dirigente de 40 años de edad, quien fue llevado en principio a Betanzos, finalmente asistió ayer a su audiencia cautelar en Llallagua por “temas de seguridad” y ahora deberá guardar detención  en Uncía, que queda a media hora de Llallagua, al norte de Potosí.

En una audiencia a puertas cerradas, sin periodistas, con policías  en el ingreso que incluso evitaron que la esposa de Pumari entre al juzgado en un principio, el juzgado dictó que Pumari sea enviado a la cárcel mientras dure la investigación. La decisión se conoció aproximadamente a las 23:00, seis horas después.

Unas tres horas antes, se había declarado cuarto intermedio. En ese momento, el abogado de Pumari, Rafael Montoya, hizo conocer la intención de la Fiscalía de pedir la detención preventiva del exdirigente. Montoya y Guido Tórrez, el otro jurista del excívico, demandaron la libertad irrestricta del exdirigente. “Nosotros hemos podido desvirtuar los riesgos procesales, por tanto, hemos pedido una libertad irrestricta y, en el peor de los casos, una aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”, sostuvo Montoya a El Potosí. La audiencia se inició aproximadamente a las 17:00.

Argumento de la Fiscalía

Según la argumentación de la Fiscalía, a la que también se sumó el TED de Potosí, Pumari vulneró el artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral que en el inciso “h” sobre obstaculización de procesos electorales dice textualmente: “La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años”.

En la acusación contra Pumari, el Ministerio Público presentó al menos 23 testimonios  y seis, entre ellos, la defensora del Pueblo de la región, Vilma Martínez,  afirmaron que vieron a Pumari en oficinas del TED de Potosí durante los hechos del 20 y 21 de noviembre de 2019 junto a Ramiro Subia, quien aún está en la clandestinidad, cuando se suspendió el cómputo por las denuncias de fraude y que luego desencadenaron en un ataque a las oficinas electorales.

No la dejaron entrar

La esposa  de Pumari, María Isabel Cusi, denunció ayer que nadie les informó en Betanzos de que su esposo iba a ser trasladado a Llallagua, pese a la vigilia que hizo en la capital betanceña, donde infructuosamente intentó evitar que su pareja sea trasladada.

“Al mediodía nos enteramos de que lo llevaron a Llallagua, por eso llegué recién (a ese municipio del norte de Potosí)”, sostuvo Cusi. Una vez que llegó a esa región, la mujer tampoco pudo ingresar a la audiencia de su esposo y menos entregar un legado de documentos a los abogados de su marido.

“Ni siquiera me han dejado verlo para ver cómo está y tampoco pude entregar documentos para su defensa a los abogados”, se lamentó. Poco después el juez ordenó su ingreso.

La Policía armó todo un operativo para llevar a Pumari a Llallagua, distante a 276 kilómetros de Betanzos. Se conoció que los uniformados enviaron un primer vehículo supuestamente con el excívico dentro para tratar de burlar a los familiares, pero luego salió otro equipo en el que sí estaba Pumari.

Sectores presionaron

Ayer, las rejas del Palacio de Justicia de Llallagua fueron prácticamente empapeladas con carteles en contra del excívico. En ellos se reclamaba justicia para los caídos en Senkata y Sacaba en 2019, este primer grupo numeroso fue reforzado por campesinos norpotosinos que de vez en cuando gritaban. “¡Pumari, asesino!”, para luego hacer sonar un pututu.

Un segundo grupo, menos numeroso, liderado por la esposa de Pumari, Cusi, expresó su respaldo al excívico y demandó que la justicia sea imparcial. En determinado momento, ambos grupos se provocaron, pero no pasó a mayores.

Desde 2015

Pumari se hizo conocer en 2015, cuando junto al actual alcalde Jhonny Llally comandó las movilizaciones potosinas en La Paz por demandas regionales, luego asumió el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) siendo crítico contra el gobierno de Evo Morales, y desde esa instancia denunció el fraude electoral de 2019.

Anoche no se informó cuándo será trasladado Pumari a Uncía. La Fiscalía tampoco dio cuenta sobre el paradero de Ramiro Subia, el otro imputado por los hechos de 2019.

En las últimas horas, el abogado  Williams Bascopé se refirió a la aprehensión de Pumari el jueves por la noche y observó que no es legal que se hagan ese tipo de acciones judiciales en ese horario y mucho más si se toma en cuenta que ya existe vacación judicial en Bolivia.