Ítems fantasmas develan clanes familiares en entidades cruceñas
Un concejal de Santa Cruz pidió a la Fiscalía recabar el extracto de llamadas de Tony Parada para saber con qué concejales se contactó.
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Una pelea conyugal entre Antonio Tony Parada y su exesposa Valeria Rodríguez destapó una denuncia de un daño económico millonario al Gobierno Municipal de Santa Cruz a través de ítems fantasmas. Además, se conoció que grupos familiares y de amistades copaban las instituciones públicas en la región cruceña.
La suegra y el yerno
Todo empezó en 2004 cuando la entonces concejala por UCS y posterior candidata del MAS (2014) Romy Paz ayudó a su yerno Tony Parada para que sea contratado en la Alcaldía cruceña. “Mi exsuegra era concejal, admito que ella me dio una mano” para ingresar a trabajar al municipio, relató.
Desde entonces, Parada ocupó diferentes cargos y en 2009 pasó a estar al frente de la Dirección de Recursos Humanos, en la gestión del alcalde Percy Fernández.
Entre 2009 a 2014, Tony ya reclutaba personas para que presten su nombre a fin de elaborar contratos fantasmas y cada mes les daba entre 300 y 400 bolivianos del total del sueldo para quedarse con la mayor parte del dinero, declaró Julio César Herbas, otro exfuncionario que trabajaba con Parada. Según él, era obligado a dar esas comisiones a los reclutados.
Las primeras indagaciones revelan que los contratados recibían una tarjeta de débito de la Cooperativa Jesús Nazareno para cobrar su sueldo cada mes. Pero Tony se quedaba con esas tarjetas, para que él pueda sacar ese dinero.
Herbas también reveló que Valeria Rodríguez conocía este movimiento y “manejaba tarjetas de débito con las cuales ella sacaba plata”, para disfrutar en compras lujosas y viajes constantes.
Pero la relación de Rodríguez y Parada se deterioró y se separaron en 2014. Tony aseguró que desde entonces él pagaba el seguro y la colegiatura de sus tres hijos y el crédito de la casa donde vive su exesposa con ellos y el de la casa donde vive su exsuegra, además una pensión de 3.000 bolivianos.
Herbas, quien se consideraba amigo de Parada y Rodríguez, contó que, tras la separación de la pareja, ella le decía a él que “no iba a hablar (de los ítems fantasmas)” mientras reciba la pensión y no le quite la casa.
Pero la relación se degradó más cuando Rodríguez demandó a Parada por violencia económica y patrimonial, ella dijo que había riesgo de que rematen su casa porque Tony no resolvió una deuda.
Y en ese contexto, Rodríguez dijo que recién este año se enteró de que Tony tenía mansiones, vehículos de lujo e hizo transferencias millonarias a Estados Unidos (EEUU), encontró también documentos que develan que esos recursos salieron de los ítems fantasmas, por eso decidió denunciar el caso ante la Fiscalía hace unas semanas.
Tony negó tener esa cantidad de recursos o esos bienes y acusó a su expareja de extorsión porque, cuando ya estaban a punto de conciliar sus problemas familiares, ella envió un documento de desistimiento y conciliación el 30 de noviembre a cambio de la mitad de los presuntos bienes lujosos y la suma de 3 millones de dólares. Parada dijo que no contaba con esos montos y entonces el escándalo de los ítems se hizo público.
Rodríguez puso la denuncia en la Fiscalía para que Tony y su hermano Guillermo sean investigados, al igual que Herbas. Luego se conoció que la esposa de Herbas trabajaba en la cooperativa que entregaba las tarjetas de débito al personal municipal.
“Pegas” para los amigos
Desde esa denuncia, el caso de los ítems fantasmas cobró relevancia y la Fiscalía citó a declarar a 43 exfuncionarios municipales, entre ellos, la exalcaldesa Angélica Sosa. Se supo que Sosa conoció a Parada desde 2008 a través de Romy Paz.
“En las declaraciones que hizo la exalcaldesa Angélica Sosa, en sentido de que había concejales que tenían comunicaciones con Tony Parada para pedirle pegas o hablar sobre contrataciones, primero que nos gustaría que nos puedan aclarar eso”, denunció el concejal por Demócratas Manuel Saavedra.
A su vez, el concejal suplente por Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón indicó que hay una lista con los nombres de las personas que se beneficiaron con los ítems fantasmas. Además, detalló que en pasadas gestiones los contratos se repartían entre partidos políticos: Santa Cruz Para Todos (SCPT) recibió 570 ítems, el Movimiento Al Socialismo (MAS) 52 y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) 18.
Saavedra pidió a la Fiscalía solicitar los extractos de llamadas de Parada para saber qué concejales se contactaron con este funcionario entre 2013 y 2018 y llamarlos a declarar a fin de que expliquen por qué pedían pegas al Director de Recursos Humanos.
No descartan que estas contrataciones también fueron parte de los ítems fantasmas, ya que testigos del caso informaron que las personas que reclutaban gente para que presten sus nombres eran amigos de confianza con quienes jugaban fútbol desde 2014. A ellos se les daba incentivos para que animen a otras personas de confianza y también se les pedía apoyar campañas políticas.
El fiscal, su suegro y su cuñada
La denuncia de los 800 ítems fantasmas ya había sido presentada por representantes de la Alcaldía en mayo de este año, pero la Fiscalía rechazó la demanda. Hace unas semanas, Valeria Rodríguez denunció este hecho que vincula a su exesposo Tony Parada, pero no había avance en la Fiscalía, al extremo de que la defensa de la denunciante acusó al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, de encubrir este caso.
En ese contexto, se conoció que Mariaca designó en un inicio al fiscal Diego Toro para investigar el caso, pero resultó que éste era exfuncionario del municipio cruceño en la gestión de Sosa y la situación levantó susceptibilidades. El Fiscal Departamental apartó a Toro y en su lugar puso a la fiscal Marcela Terrazas.
Luego salió a la luz que el suegro del fiscal Mariaca trabajaba en la Alcaldía como asesor legal desde la gestión de Sosa, lo que provocó también dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía. El suegro de Mariaca terminó renunciando para no entorpecer la investigación.
También se denunció que la cuñada del fiscal de distrito trabaja en el municipio cruceño, desde la gestión de Angélica Sosa, lo que generó críticas contra la Fiscalía y puso en duda su objetividad en la investigación.
Ante ese panorama, la Fiscalía general del Estado envió una comisión desde Sucre a Santa Cruz para que supervise y evalúe el caso ítems fantasmas.