En Santa Cruz, hallan comunidades fantasma y asentamientos en áreas protegidas
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La Comisión Especial en Defensa de Tierra Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, en sus primeros 15 días de trabajo, encontró comunidades fantasma y asentamientos en áreas protegidas de la Chiquitania.
La comisión —cuya creación, el 29 de junio, fue apoyada por más de dos tercios de votos de la ALD— tiene la misión de efectuar inspecciones a tierras que fueron avasalladas y presentar un informe al pleno a fines de este mes.
Sus miembros son: Ybar Antelo, Karim Quezada, Yelly Baldivieso, Raquel Valencia y Aida Gil, quien fue representa a los cinco pueblos indígenas y preside este cuerpo especial.
La Chiquitania se extiende por las provincias de Chiquitos, José Miguel de Velasco, Ñuflo Chávez, Germán Busch, Ángel Sandoval y Guarayos.
El primer lugar inspeccionado fue la provincia Chiquitos. En el reporte, fechado el 14 de julio, la comisión da cuenta de que se encontraron tres comunidades asentadas dentro del área protegida Tucabaca, con resoluciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La reserva de Tucabaca —Guardián del Agua, en español—fue creada en 2000. Tiene una extensión de 262.305 hectáreas de bosques húmedos y secos y se encuentra en el municipio de Roboré.
La asambleísta Baldivieso declaró que “son comunidades fantasmas”, en las cuales no habitan personas. “Solo existen comunidades en papeles y con resolución de asentamiento que han sido emitidas por el INRA”, dijo.
En esta misma área de preservación se identificaron vestigios de comunidades que fueron abandonadas. "Hemos encontrado enseres y herramientas botadas que evidencian un completo abandono y no sabemos para qué las van a utilizar", dijo Gil.
En la comunidad Posoyó, otro asentamiento que cuenta con resolución del INRA y donde deberían habitar 22 familias, los asambleístas no encontraron un solo ser humano. “Solo casas abandonadas y sin habitantes”, dijo la asambleísta Baldivieso
La comisión halló también una comunidad en el área protegida de Ñembi Guasu —que significa el gran escondite” o “el gran refugio” en lengua guaraní—, creada en 2019 y que abarca un área de 1 207 850 hectáreas de bosques.
En este espacio se han registrado, aproximadamente, “450 asentamientos irregulares, que han afectado a propiedades privadas, comunidades originarias y reservas naturales”, informó la comisión.
“Estos asentamientos tienen resolución del INRA; pero son comunidades fantasmas. Solo son ocupadas para sacar madera y hacer carbón, dañando así el medio ambiente”.
Y aunque en los hechos no se consolidaron los asentamientos avalados por el INRA, las resoluciones administrativas no han sido anuladas.
Baldivieso destacó que el INRA dotó tierras con resolución sobre una reserva catalogada como Territorio Indígena Ancestral Guaraní, donde por ley se prohíbe cualquier asentamiento sin una consulta previa al Gobierno Indígena de Charagua.
“Son palos blancos porque en papeles figuran 16 familias asentadas, pero por información de una persona que estaba perforando un pozo de agua, en el lugar solo existe un propietario “, dijo Gil.
