La CIDH completa misión que verificará, tras las elecciones de octubre, violación a los DDHH en Bolivia
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nombró a Magdalena Correa Henao como la quinta integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegará al país una semana después de las elecciones del 18 de octubre para indagar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el conflicto poselectoral de 2019.
“Felicito a la profesora Magdalena Correa Henao. Ella fue nombrada como quinto miembro del #GIEI de la @CIDH, creado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en #Bolivia y anunciado para instalarse en la semana siguiente a las elecciones en el país”, escribió en su cuenta de Twitter Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la entidad que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Correa Henao es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
El GIEI fue propuesto por la CIDH al gobierno transitorio de Jeanine Áñez como un “mecanismo de investigación, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos”. La firma del acuerdo para su creación, entre la canciller Karen Longaric, a nombre del Estado boliviano, y la CIDH fue el 23 de enero en Washington DC. Y se nombró a Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert como integrantes del GIEI.
La conformación de este grupo se dio tras la protestas del Gobierno boliviano sobre un primer informe de la CIDH que denunció “graves violaciones de los derechos humanos” y condenó las “masacres de Sacaba y Senkata”, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente, en medio de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía, salvaguardadas por un decreto supremo de Áñez que garantizaba la “impunidad” de los uniformados.
Aparte, “personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento”, indicó el documento de la entidad internacional.
Luego, el gobierno de Áñez objetó la presencia de Tappatá y Méndez en la comisión investigadora por haber calificado los sucesos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado en Bolivia como un “golpe de Estado”, y señaló que estas opiniones son un riesgo para la parcialidad del GIEI y muestran una “peligrosa tendencia política de ambos integrantes”.
Tras las elecciones de octubre de 2019, el discurso del fraude fue alimentado por un informe preliminar de la OEA, que fue el tiro de gracia para el entonces presidente Evo Morales, que renunció el 10 de noviembre, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que presente su dimisión.
Fuente: la Razón
